Mi país no se derrumba como un edificio mal concebido. Se deshace con método, con una regularidad casi profesional. Se desintegra. A fuerza de observar, se impone una evidencia: la crisis haitiana no solo se padece, se ha convertido en un lenguaje político. Un lenguaje dominado, repetido, explotado hasta producir una forma de normalidad en la que el derrumbe ya no sorprende: se organiza.
A partir de entonces, la vida casi ya no cuenta; la muerte se convierte en un fenómeno casi familiar, como decía Joseph Stalin: «La muerte de un hombre es una tragedia; la de un millón, una estadística». Se afirma con razón que la vida, al igual que la muerte, en Haití, se convierte en un suceso, mientras que la sangre de todo un pueblo parece alimentar la opulencia de toda una clase de hombres, mandatada por los «mejor nacidos».
Ya no basta con hablar de fracaso haciendo referencia al Galli matchât que calificamos con ligereza de «crisis». La palabra es demasiado débil, demasiado cómoda, casi indulgente, casi afectiva.
De 2010 a la gobernanza de «ALIX», que desde el 7 de febrero de 2026 hereda el pleno poder en el país de las maravillas. El colmo alcanza su paroxismo cuando una clase política haitiana no solo se ha mostrado incapaz de reconstruir el Estado; ha instalado progresivamente un modo de funcionamiento en el que la ausencia de resultados ya no es un problema, sino una condición de supervivencia. Diríase simplemente Alix en el país de las maravillas.
Lo que está en juego supera a los partidos, las figuras, las alternancias. Se trata de un sistema difuso, transversal, en el que el poder y la responsabilidad rara vez evolucionan en la misma dirección. Los rostros cambian, los discursos se renuevan en la superficie, pero la mecánica permanece. Una mecánica bien engrasada, precisamente porque no produce resultados vinculantes.
Desde hace varias décadas, la política haitiana parece haber abandonado toda pretensión de coherencia. Las alianzas se hacen y se deshacen sin una justificación ideológica real. Los discursos se ajustan a las circunstancias, los compromisos se disuelven en la oportunidad y la memoria política se vuelve extrañamente corta. En este espacio cambiante, la constancia ya no es una virtud; es un lastre.
Lo que llama la atención no es solo la debilidad de las instituciones, sino la manera en que esa debilidad se teje, casi se asume. El incumplimiento del principio de continuidad del Estado se convierte en norma y los derechos del ciudadano son inexistentes. El Estado funciona, pero vacío de sentido. Produce decisiones sin alcance, anuncios sin continuidad, estructuras sin sustancia. Da la ilusión de la acción mientras evita cuidadosamente sus consecuencias.
En este contexto, la crisis deja de ser un accidente. Se convierte en un marco. Estructura los comportamientos, redistribuye los roles, legitima la inacción. Se instala una gobernanza de la urgencia permanente, en la que cada problema exige una respuesta inmediata, provisional y, sobre todo, no vinculante. El largo plazo desaparece, sustituido por una sucesión de presentes inestables.
Hay que decirlo sin rodeos: una parte significativa de la clase política haitiana ha aprendido a sacar provecho de esta inestabilidad. No a pesar de ella, sino gracias a ella. Porque un país desorganizado es un país donde las reglas son flexibles, donde las responsabilidades se diluyen, donde los fracasos se confunden con el contexto.
En un sistema así, la rendición de cuentas se convierte en una anomalía. Los escándalos se suceden sin provocar una ruptura. Las indignaciones se expresan y luego se agotan. El ciclo se repite, casi mecánicamente. Y con cada repetición, se arraiga un poco más.
Pero esta mecánica no podría funcionar sin otro factor, más discreto y más inquietante: la habituación colectiva. A fuerza de enfrentarse a la inestabilidad, la sociedad se adapta. Desarrolla estrategias de evasión, reflejos de supervivencia, una forma de resiliencia que, paradójicamente, contribuye a mantener el desorden. Porque lo que permite resistir en el día a día también puede impedir romper con lo que produce la crisis.
Así se perfila una relación compleja entre gobernantes y gobernados. Una relación hecha de desconfianza, lucidez, pero también de impotencia. La clase política actúa sin una verdadera restricción, no porque sea todopoderosa, sino porque los mecanismos capaces de limitarla siguen siendo frágiles, fragmentados o ineficaces.
Lo más preocupante, quizá, está en otra parte. Reside en esa capacidad que el sistema ha desarrollado para absorber la crítica. Todo se denuncia, nada se transforma. La palabra circula, el análisis se afina, pero el impacto sigue siendo limitado. Como si la propia comprensión se hubiera vuelto insuficiente.
A partir de entonces, la cuestión ya no es solo política. Es estructural, casi existencial. ¿Cómo puede un país seguir funcionando sabiendo con precisión lo que lo paraliza? ¿Cómo puede una sociedad mantener tal nivel de lucidez sin lograr producir una ruptura decisiva?
No hay una respuesta simple. Pero hay una certeza: mientras la crisis siga siendo un modo de gestión aceptable, seguirá reproduciéndose. Mientras el fracaso no sea sancionado, dejará de ser descalificante. Y mientras la política pueda existir sin obligación de resultados, no tendrá ninguna razón para transformarse.
Este texto no pretende señalar culpables aislados. Intenta nombrar un sistema. Un sistema en el que el derrumbe ya no es solo una consecuencia, sino un equilibrio. Un sistema que se sostiene, precisamente, porque no funciona. Y quizá ahí resida el verdadero escándalo: no en lo que fracasa, sino en lo que, pese a todo, sigue sosteniéndose.
Marc Arthur Paul
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