La teoría de la separación de poderes, tal como fue enunciada por Montesquieu, sigue siendo uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. Reposa sobre una exigencia sencilla pero estructurante: impedir la concentración del poder para preservar las libertades y garantizar la primacía del derecho. En el contexto haitiano actual, esta exigencia parece gravemente comprometida, particularmente en lo que respecta a la independencia del poder judicial. La confusión persistente entre los poderes políticos y el poder jurisdiccional, agravada por prácticas de corrupción, injerencia y nombramientos partidistas, constituye uno de los principales obstáculos para la efectividad de la justicia y la credibilidad institucional del Estado.
En principio, los poderes políticos (Legislativo y Ejecutivo) tienen la función de definir y conducir la acción pública. El poder jurisdiccional, por su parte, se sitúa en una lógica radicalmente diferente. Su misión exclusiva es decir el derecho, resolver litigios y garantizar el respeto de las normas jurídicas, incluso frente a las propias autoridades políticas.
Sin embargo, en la realidad haitiana contemporánea, esta distinción fundamental tiende a borrarse. El poder judicial se encuentra frecuentemente expuesto a influencias políticas directas a través de los mecanismos de nombramiento y promoción. Cuando el acceso a las funciones judiciales depende más de la proximidad con el poder ejecutivo que de la competencia y la integridad, la independencia judicial deja de ser un principio efectivo para convertirse en una simple proclama formal.
Esta situación genera un círculo vicioso: cuanto más se percibe la justicia como dependiente y politizada, más buscan los ciudadanos resolver sus conflictos fuera del marco legal. Restaurar la independencia del poder judicial supone una clarificación rigurosa de los roles institucionales y una voluntad política real de romper con las prácticas de injerencia. Sin estas condiciones, la separación de poderes seguirá siendo un principio teórico desconectado de la realidad institucional.
Daniel VEILLARD
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