Considerar la gobernanza como un acuerdo político entre los elegidos y el pueblo impone una evidencia: la Constitución fija las reglas. Define el marco, los límites, las responsabilidades y las garantías de este compromiso colectivo. Por lo tanto, no podemos prescindir de ella sin consecuencias.
Sin embargo, durante décadas, la gobernanza ha sido vaciada de este marco. A fuerza de rodeos, silencios y renuncias, la gobernanza se ha convertido en una práctica improvisada. El resultado no es ni fortuito ni pasajero. Cuando el Estado funciona fuera de toda referencia constitucional asumida, el caos deja de ser una anomalía; se convierte en la norma.
Desde hace más de cuatro años, el país evoluciona en un «estado de hecho» permanente, gobernado sin brújula, sin un horizonte constitucional claro. La urgencia se ha convertido en método, la excepción se ha instalado en el tiempo y la ausencia de un marco legal se acepta progresivamente como un modo de gobierno ordinario.
El año 2026 impone una aclaración de fondo: no podemos seguir queriendo evolucionar, reformar o proyectarnos sin una Constitución. Ya no se trata de gestionar la urgencia ni de prolongar la irregularidad. Hay que tomar las medidas necesarias para salir de ella.
¿Qué hacer para un retorno efectivo al marco constitucional? ¿Qué deben hacer los responsables políticos? La pregunta es fundamental e ineludible. Pero, ¿qué puede hacer la ciudadana o el ciudadano? Es igual de importante.
El retorno al marco constitucional no depende únicamente de decisiones institucionales. También requiere una vigilancia ciudadana activa, consciente e informada. Sin esta exigencia de los propios ciudadanos, cualquier Constitución no será más que un texto suspendido, invocado cuando conviene e ignorado cuando molesta.
Esta crónica semanal se dirige ante todo al compromiso ciudadano. Busca iluminar, cuestionar e interpelar a los ciudadanos sobre su papel en la salida del estado de hecho y el retorno a un marco constitucional asumido. Hablar con la verdad sobre la Constitución es recordar una evidencia eludida: sin un marco constitucional respetado, no hay gobernanza legítima ni futuro colectivo posible.
En 2026, el deber de vigilancia ciudadana ya no es una opción. Es una responsabilidad.
Chantal Volcy Céant 5 de enero de 2026
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