Puerto Príncipe, 5 de agosto de 2025 – El Consejo Presidencial de Transición (CPT), a través de Fritz Alphonse Jean, asegura que el contrato firmado con la empresa Caribbean Port Services (CPS) para la gestión del puerto de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) respeta las normas legales vigentes. Esta declaración surge tras las fuertes críticas que el documento ha recibido, incluso dentro del propio CPT.
El CPT informó este 5 de agosto que el 28 de julio de 2025 se llevó a cabo una reunión oficial con los representantes de CPS, los señores Philippe Coles y Édouard Baussan, con el fin de esclarecer los términos del contrato que vincula a esta empresa con el Estado haitiano.
Dicho encuentro, realizado en la Villa d’Accueil, es el seguimiento de una correspondencia enviada el 9 de julio de 2025 por el presidente del CPT, Fritz Alphonse Jean, al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, solicitando un informe detallado sobre el expediente de CPS.
Según una nota oficial de la Oficina de Comunicación de la Presidencia fechada el 4 de agosto de 2025, el intercambio permitió aclarar los aspectos jurídicos y contractuales del acuerdo, especialmente las cláusulas sobre los derechos de arrendamiento de tierras del Estado. La última renovación del contrato, del 4 de diciembre de 2023, otorgó a CPS el derecho de explotación por un periodo de 27 años (tres periodos de nueve años).
Las autoridades insistieron en la legalidad del contrato, basándose en:
El decreto del 7 de abril de 1978 que crea la APN;
El decreto del 15 de marzo de 1985 que reforma el marco institucional de la APN;
El decreto del 22 de septiembre de 1964 que regula los alquileres y arrendamientos de bienes del Estado.
El CPT subraya que los privilegios otorgados a CPS están justificados por el papel estratégico de la empresa en la gestión de infraestructuras portuarias y por la importancia de las inversiones realizadas, que requieren un largo plazo de amortización.
Pese a que el CPT afirma que la reunión fue transparente, quedan dudas en el aire: si el encuentro fue el 28 de julio, ¿por qué se esperó una semana para comunicarlo? ¿Por qué tanta insistencia en la conformidad legal? El tono defensivo del comunicado sugiere tensiones tras bambalinas entre la presidencia y los gestores de la concesión, dejando más interrogantes que certezas.
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