El 11 de noviembre de 2026, el presidente salvadoreño Nayib Bukele publicó un simple «Ratioed» citando un comunicado de Amnistía Internacional EE. UU. En él, la organización pedía que las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití respetaran el derecho internacional de los derechos humanos.
Este despliegue masivo comenzó después del 18 de octubre de 2026, cuando una emboscada de pandillas atacó a cuatro técnicos de aviación salvadoreños que trabajaban con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), autorizada por la ONU. Bukele envió entonces más de 2 000 soldados salvadoreños, financiados en gran parte por El Salvador. Oficialmente, el objetivo principal era encontrarlos, pero las operaciones se ampliaron rápidamente a ataques contra las pandillas haitianas.
La mayoría de estas tropas no opera bajo el mando de la GSF y, por lo tanto, escapa a los mecanismos de supervisión de la ONU. Precisamente por eso Amnistía Internacional exigió más transparencia sobre las reglas de enfrentamiento, las cadenas de responsabilidad y los medios para que los civiles denuncien posibles violaciones.
La situación ilustra la brecha entre el enfoque de Bukele contra las pandillas y las exigencias de las ONG en materia de control y respeto de los derechos fundamentales.
La Redacción
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