Santiago de Chile / Puerto Príncipe, 19 de junio de 2026 — El escándalo de los niños haitianos desaparecidos en Chile ha adquirido una dimensión aún más preocupante. Mientras las autoridades chilenas buscan a más de 200 menores que ingresaron al país mediante programas de reunificación familiar, nuevas revelaciones del medio BioBioChile plantean serias interrogantes sobre un vuelo chárter que transportó a más de un centenar de niños haitianos y cuya ruta efectiva no coincidiría con el itinerario oficialmente declarado.
En el centro de la investigación se encuentra el vuelo WAL-801, operado por Caribbean Sun, que habría partido de Puerto Príncipe el 15 de octubre de 2025 con cerca de 150 pasajeros con destino a Chile. Según la información publicada por BioBioChile, aproximadamente 124 de esos pasajeros eran niños y adolescentes haitianos de entre seis y quince años.
Sin embargo, de acuerdo con la documentación examinada por los investigadores, la aeronave no habría seguido la ruta previamente autorizada. Aunque debía dirigirse a Santiago conforme al plan de vuelo aprobado, el avión habría realizado una escala no programada en Lima, Perú.
Es precisamente allí donde surge uno de los elementos más inquietantes de esta investigación.
Según una denuncia recibida por la Contraloría General de la República, varios menores habrían sido desembarcados en Lima antes de ser transferidos a otra aeronave, un McDonnell Douglas MD-83 identificado con el mismo número de vuelo, WAL-801. Hasta la fecha, ninguna autoridad ha ofrecido una explicación oficial sobre las razones de dicha operación ni sobre quién autorizó el procedimiento.
La segunda aeronave llegó finalmente a Santiago varias horas después de lo previsto con 154 pasajeros a bordo, entre ellos únicamente 44 menores de edad. Actualmente, las autoridades chilenas reconocen que no cuentan con una trazabilidad completa que permita determinar con certeza qué ocurrió con todos los niños originalmente registrados en el vuelo.
Más preocupante aún, BioBioChile sostiene que diversas instituciones del Estado chileno —entre ellas la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez— ya habían sido alertadas sobre irregularidades relacionadas con este tipo de operaciones mientras los vuelos se encontraban en ejecución.
Estas revelaciones refuerzan las conclusiones del preinforme de la Contraloría, que identifica graves deficiencias dentro del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG). Los investigadores denuncian la ausencia de verificaciones sistemáticas de los vínculos familiares, controles insuficientes sobre los acompañantes, bases de datos incompletas y la imposibilidad de rastrear a cientos de niños tras su llegada al territorio chileno.
Ante la magnitud del escándalo, el presidente José Antonio Kast ordenó la creación de una fuerza especial encargada de localizar a los menores afectados. Reunido en el Palacio de La Moneda, el comité de crisis integra al Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, el Servicio Nacional de Migraciones, las fuerzas policiales y el Ministerio Público.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, afirmó que el presidente Kast exigió actuar «con la máxima urgencia» para determinar dónde se encuentran actualmente los niños y en qué condiciones están viviendo.
No obstante, diversas fuentes consultadas por Le Quotidien 509 aseguran que las alertas sobre estos desplazamientos de menores haitianos no comenzaron en 2025 ni siquiera en 2024. Según dichas fuentes, las advertencias habrían circulado desde 2023 sin que las autoridades competentes adoptaran medidas correctivas significativas.
Si estos antecedentes son confirmados por la investigación, la pregunta ya no será únicamente cómo más de 200 niños desaparecieron de los registros administrativos, sino también por qué las alertas previas no generaron una respuesta institucional oportuna.
Mientras las autoridades chilenas señalan hoy las fallas de sus propios mecanismos de control, surgen igualmente interrogantes fundamentales para Haití.
Si cientos de menores abandonaron Haití en vuelos chárter entre 2023 y 2025, varias preguntas siguen sin respuesta:
¿Quién verificó las autorizaciones parentales?
¿Quién comprobó la identidad de los acompañantes?
¿Fueron autenticadas las actas de nacimiento?
¿Fue informado el Instituto de Bienestar Social e Investigación de Haití (IBESR) sobre estas salidas masivas de menores?
¿Disponía la Dirección de Inmigración y Emigración (DIE) de los listados completos de pasajeros?
¿Las compañías aéreas transmitieron los manifiestos completos?
¿Existían expedientes de autorización de salida para cada uno de estos niños?
¿Cómo pudieron más de cien menores embarcar en vuelos internacionales sin que los mecanismos de control del Estado haitiano detectaran posibles irregularidades?
Mientras Chile intenta reconstruir el recorrido de cientos de menores, otra pregunta sigue abierta: ¿cuántos niños salieron realmente de Haití en el marco de estos programas y dónde se encuentran hoy?
La investigación judicial abierta por posibles hechos de trata de personas deberá determinar ahora si las fallas detectadas obedecen a una simple negligencia administrativa o a una red más estructurada que habría aprovechado la vulnerabilidad de miles de familias haitianas que buscaban reunirse con sus seres queridos en el extranjero.
Una certeza permanece: cuanto más avanzan las investigaciones, más zonas oscuras emergen, superando ampliamente el marco de un simple programa de reunificación familiar.
Por el momento, las autoridades haitianas guardan silencio.
Brigitte Benshow
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