Un importante escándalo migratorio sacude actualmente a las autoridades chilenas. El gobierno del presidente Gabriel Boric retiró en octubre de 2025 a su cónsul en Puerto Príncipe, Rafael du Monceau de Bergenda, tras denuncias relacionadas con la emisión de visas. Las revelaciones fueron confirmadas esta semana ante el Senado chileno por el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, mientras una investigación penal ya está en curso.
La información, revelada inicialmente por el diario chileno La Tercera y posteriormente retomada por 24 Horas, surge en el marco de una investigación más amplia sobre el ingreso de miles de menores haitianos a Chile mediante programas de reunificación familiar.
Según Frank Sauerbaum, director del Servicio Nacional de Migraciones, el gobierno retiró al cónsul Rafael du Monceau después de recibir “denuncias e investigaciones por hechos de corrupción vinculados a la entrega de visas en el Consulado de Chile en Haití”. La declaración fue realizada el 17 de junio ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado.
Una política migratoria flexibilizada ante la crisis haitiana
Para comprender el origen de este caso es necesario volver al contexto de la época.
Frente al colapso institucional de Haití, la violencia de las pandillas y las dificultades para acceder a documentos oficiales, las autoridades chilenas flexibilizaron ciertos requisitos dentro de los procedimientos de reunificación familiar.
Sauerbaum explicó ante los senadores que se permitía presentar certificados de nacimiento sin legalización ni validación consular debido a “la situación de violencia e inestabilidad política” existente en Haití.
Sin embargo, según las autoridades migratorias chilenas, esta flexibilización abrió progresivamente la puerta a numerosas irregularidades.
“Durante el año 2025 se detectó una cantidad significativa de expedientes que contenían documentos falsificados”, señaló Sauerbaum ante la comisión senatorial.
Más de 10.000 solicitudes actualmente congeladas
Las consecuencias han sido considerables.
El director del Servicio Nacional de Migraciones confirmó que más de 10.000 solicitudes de reunificación familiar se encuentran suspendidas debido a dudas sobre la fiabilidad de la documentación presentada y a la falta de funcionamiento normal de los servicios consulares en Puerto Príncipe.
Las autoridades señalaron que varios expedientes presentan inconsistencias en los vínculos familiares declarados, mientras que otros contienen documentos presuntamente falsificados.
El gobierno chileno también suspendió las actividades migratorias del consulado en Puerto Príncipe. Actualmente solo permanecen activas las funciones diplomáticas, mientras los trámites migratorios han sido paralizados.
La Fiscalía Anticorrupción entra en acción
El caso ha adquirido una dimensión judicial.
Según 24 Horas, la Fiscalía Nacional incorporó al ex cónsul Rafael du Monceau dentro del ámbito de su investigación para determinar su eventual grado de responsabilidad en las irregularidades denunciadas.
Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, indicó que los investigadores examinarán el papel de “todos los funcionarios públicos y particulares” que pudieran haber participado en los hechos investigados.
Hasta el momento no se han presentado cargos formales ni se ha dictado condena alguna contra el ex cónsul.
El caso de los menores haitianos desaparecidos
El escándalo forma parte de una investigación aún más amplia relacionada con menores haitianos admitidos en Chile mediante programas de reunificación familiar.
Entre 2022 y 2025 se aprobaron cerca de 16.500 procedimientos de reunificación familiar que involucraban a ciudadanos haitianos. Posteriormente, las verificaciones realizadas por las autoridades chilenas revelaron que numerosos niños no pudieron ser localizados en las direcciones declaradas. Actualmente, varios cientos de menores son objeto de investigaciones.
La Fiscalía examina posibles delitos relacionados con el tráfico de migrantes y el uso de documentación irregular.
Según las autoridades actuales, las flexibilizaciones adoptadas a partir de 2024 generaron vulnerabilidades que pudieron haber sido aprovechadas por redes o intermediarios. Sus defensores sostienen que estas medidas respondían a una situación humanitaria excepcional.
Lo que sí parece indiscutible es que la retirada del cónsul Rafael du Monceau, la suspensión de más de 10.000 solicitudes de visa, la desaparición administrativa de numerosos menores haitianos y la apertura de una investigación anticorrupción han colocado al Consulado de Chile en Haití en el centro de uno de los casos migratorios más importantes que actualmente examina Chile.
¿Quién verificó los documentos de los menores haitianos?
Más allá de las posibles responsabilidades del Consulado chileno, este caso también plantea serias interrogantes del lado haitiano. Si miles de expedientes de reunificación familiar que involucraban a menores fueron aprobados, ¿cómo funcionaron los mecanismos de protección infantil previstos para estos casos? ¿Dónde estuvieron los controles del Instituto de Bienestar Social e Investigación (IBESR), de la Dirección de Inmigración y Emigración y de las demás autoridades encargadas de autorizar los viajes internacionales de menores? Si algunos vínculos familiares fueron falsificados o insuficientemente documentados, ¿cómo lograron estos expedientes superar todas las etapas administrativas hasta la obtención de una visa?
Las explicaciones ofrecidas por las autoridades chilenas se apoyan en gran medida en la crisis de seguridad y el colapso institucional de Haití. Sin embargo, esta justificación plantea una pregunta fundamental: ¿no es precisamente en momentos de fragilidad institucional cuando los controles sobre los menores deberían reforzarse en lugar de flexibilizarse? Aceptar documentos menos rigurosamente verificados para adultos ya implica riesgos; hacerlo en casos que involucran a niños podría exponerlos a abusos, explotación o redes de migración irregular. La investigación deberá determinar no solo quién falló en Chile, sino también si los mecanismos de protección de la infancia en Haití cumplieron realmente la función para la que fueron creados.
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