La República Dominicana reafirmó su política de control migratorio dirigida a trabajadores extranjeros mientras avanza en la preparación de un programa nacional de reintegración para migrantes retornados, en un contexto regional marcado por una creciente presión migratoria y varios expedientes sensibles vinculados a Haití.
El 11 de mayo de 2026, la Dirección General de Migración (DGM) recordó a empresas y particulares la obligación de regularizar el estatus migratorio de los empleados extranjeros presentes en territorio dominicano. Según el director de la institución, Luis Rafael Lee Ballester, unas 112 empresas ya fueron sancionadas por emplear trabajadores indocumentados.
Las sanciones previstas pueden alcanzar entre 15 y 20 salarios mínimos dependiendo de la gravedad de las infracciones detectadas. La DGM precisó que la obtención del documento destinado a trabajadores temporeros (TT1) exige verificar previamente la entrada legal del empleado al país y registrar el contrato laboral ante el Ministerio de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
Los empleadores también están obligados a informar a las autoridades migratorias sobre cualquier terminación de contrato relacionada con empleados extranjeros. Paralelamente, la DGM continúa un proceso de descentralización administrativa con el fortalecimiento de oficinas en Santo Domingo, Punta Cana, Puerto Plata y Santiago para ampliar la capacidad de control migratorio a nivel nacional.
Días después, el 14 de mayo de 2026, las autoridades dominicanas anunciaron que trabajan en un futuro modelo nacional de recepción y reintegración de migrantes retornados, inspirado en un programa actualmente aplicado en Guatemala.
La directora del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), Geanilda Vásquez, realizó una visita oficial a Guatemala los días 11 y 12 de mayo para estudiar el “Return to Home Plan”, un mecanismo coordinado de asistencia humanitaria y reinserción social.
Según las autoridades dominicanas, el programa incluye acompañamiento médico, administrativo y psicosocial, además de medidas relacionadas con empleo, educación y emisión de documentos oficiales. La delegación dominicana sostuvo reuniones con el Instituto Guatemalteco de Migración, la Secretaría de Integración Social Centroamericana y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Las autoridades indicaron que buscan adaptar algunas prácticas regionales para construir un marco nacional de atención a migrantes retornados en medio del aumento de los flujos migratorios en la región.
Paralelamente, un caso judicial relacionado con un ciudadano haitiano llamó la atención de las autoridades de ambos lados de la frontera.
El 10 de mayo de 2026, la Policía Nacional de Haití arrestó al pastor Arsenio Jiménez en Juana Méndez, cerca de la frontera dominicana. El hombre era buscado desde 2019 en un caso de presunta violación de un menor.
Según las autoridades haitianas, una orden judicial emitida en 2021 ya había ordenado su envío ante una jurisdicción penal y su detención preventiva. Pese a esa decisión, el pastor habría continuado residiendo en República Dominicana, especialmente en la zona de Dajabón, donde desarrollaba actividades religiosas en una iglesia local.
Informaciones difundidas localmente también mencionan la presentación de un documento no confirmado al momento de su arresto, en un presunto intento de evitar la detención. Las autoridades haitianas aún no han ofrecido detalles adicionales sobre el proceso judicial ni sobre una eventual cooperación administrativa entre ambos países.
Soraya Ades.
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