Puerto Príncipe / Santo Domingo, 21 de abril de 2026 — Apenas 24 horas después de una iniciativa estadounidense sobre inversiones portuarias en el Caribe, la República Dominicana endurece el tono sobre el respeto del derecho internacional marítimo, en un contexto regional cada vez más sensible.
En un comunicado oficial, las autoridades dominicanas afirman seguir «con atención la evolución del entorno internacional, caracterizado por desafíos crecientes», subrayando que estas dinámicas afectan directamente «la estabilidad económica mundial y el ejercicio efectivo de la soberanía de los Estados».
Santo Domingo recuerda con insistencia que «el derecho a la navegación constituye un principio esencial del orden internacional contemporáneo», destacando su papel en la estabilidad y la seguridad internacionales.
Apoyándose en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la República Dominicana cita principios clave:
«la libertad de navegación»,
«el paso inocente en el mar territorial»,
y «el paso en tránsito por los estrechos internacionales».
Insiste en que «Estos derechos deben ejercerse respetando la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de los Estados ribereños» y advierte contra cualquier deriva susceptible de comprometer «la estabilidad regional o el orden jurídico internacional».
En un tono firme, la Cancillería dominicana reafirma: «su compromiso con el respeto estricto del derecho internacional», y llama a los Estados a «abstenerse de toda medida que limite o viole la libertad de navegación fuera de los marcos legales». «La libertad de navegación es una condición indispensable para la prosperidad económica y la paz».
Esta declaración se produce tras un anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos, que reunió a actores marítimos para reforzar las inversiones en los puertos caribeños. Washington anunció un apoyo de 10 millones de dólares para infraestructuras «resilientes», con objetivos económicos y de seguridad.
Mientras tanto, Haití permanece en silencio.
Desde el pasado 6 de febrero, nuestra redacción ha señalado la presencia repetida de buques de guerra estadounidenses cerca de las costas haitianas, a pocas millas náuticas de Puerto Príncipe, sin reacción oficial de las autoridades. Sin embargo, el marco jurídico es claro. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece que el mar territorial —hasta 12 millas náuticas— está bajo la soberanía del Estado ribereño.
Pero también autoriza el «paso inocente», permitiendo a los buques extranjeros, incluidos los militares, atravesar estas aguas, siempre que el paso sea continuo, rápido y sin amenaza.
En este contexto, una pregunta sigue en pie: ¿los movimientos observados frente a Haití respetan este marco legal o reflejan una presencia estratégica más marcada?
Mientras la República Dominicana pide normas «claras, previsibles y equitativas», el silencio haitiano alimenta las dudas sobre la gestión de su soberanía marítima en un entorno geopolítico cada vez más tenso.
Redacción
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