La proclamación del gobierno de los Estados Unidos que suspende, a partir del 1 de enero de 2026, la entrada de ciudadanos de Antigua y Barbuda y de la Mancomunidad de Dominica ha provocado una gran inquietud. Esta decisión afecta vínculos vitales —familiares, educativos, médicos y comerciales— y amenaza economías estrechamente ligadas a EE. UU.
Ante esto, Antigua y Barbuda activó de inmediato su diplomacia. Sir Ronald Sanders, embajador ante EE. UU. y la OEA, inició discusiones directas con altos funcionarios estadounidenses. Sanders destacó que la decisión sorprendió incluso a los responsables del Caribe en Washington, a pesar de que existían intercambios técnicos sobre los programas de ciudadanía por inversión (CBI). Ambos gobiernos subrayan haber reforzado sus leyes para cumplir con los estándares internacionales exigidos por Washington.
Haití: el contraste del silencio
Este caso resalta un contraste asombroso con Haití. Mientras Sir Ronald Sanders ocupa el espacio mediático y diplomático negociando activamente, el ministro haitiano de Asuntos Exteriores, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, se ha limitado a un comunicado sin seguimiento. No se ha anunciado ningún plan ni movilización diplomática. La impresión es la de un Estado que se resigna en lugar de defenderse.
Recientemente, el jefe de la diplomacia haitiana expresó «reservas» sobre cómo Donald Trump toma decisiones. Pero las reservas verbales sin una posición de fuerza no son política exterior. Mientras otros detallan negociaciones y ejercen presión, Haití no propone ni defensa documentada ni estrategia de diálogo formal.
Diplomacia ausente en Washington
El balance es implacable: ¿Dónde está la voz de Haití en Washington? ¿Qué gestiones se han hecho ante el Departamento de Estado o el Congreso? A diferencia de sus vecinos caribeños, las autoridades haitianas no han comunicado ninguna acción para defender los derechos de sus ciudadanos, incluidos aquellos con visas válidas o lazos familiares en EE. UU.
El ejemplo de Antigua y Barbuda y Dominica demuestra que un Estado, aun siendo vulnerable, puede defender sus intereses con transparencia. El silencio haitiano plantea una pregunta de responsabilidad política: ¿Quién habla hoy en nombre de los ciudadanos haitianos cuando se restringe su movilidad y sus derechos?
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