1986–2026: Cuarenta años de espera por un contrato social para Haití

El 7 de febrero de 1986 marca una ruptura. El fin de un régimen, pero sobre todo la apertura de una espera: la de un nuevo orden social.

Un año más tarde, el 29 de marzo de 1987, el pueblo haitiano aclamó una nueva Constitución, portadora de la esperanza de un contrato social refundado. Casi cuarenta años después, la pregunta sigue abierta: ¿qué hemos hecho con esa promesa?

Entre la ruptura de 1986 y la promesa de 1987, se instaló una brecha. La transición anunciada nunca llegó a concretarse plenamente. A lo largo de las décadas, la Constitución ha sido invocada sin aplicarse completamente, mientras que los acuerdos políticos se han sucedido sin producir el orden social esperado.

Así, ni el marco constitucional ni los acuerdos destinados a sustituirlo han logrado anclar de manera duradera el contrato social prometido al pueblo. Esta deriva no solo ha desorganizado las instituciones; compromete una responsabilidad histórica frente a varias generaciones.

La de los años 1980, que creyó en la ruptura.
La de los años 1990, que apostó por una promesa democrática sostenida por el sufragio popular.
Las posteriores a 2000, enfrentadas a frustraciones repetidas y promesas sin futuro.
La generación de 2010, deseosa de participar en la transformación del país, pero mantenida al margen de los espacios de decisión.
Y la de los años 2020, hoy desilusionada, que a menudo ha optado por el desconcierto o la migración

Hoy, una juventud que vive entre la vergüenza y la desesperanza, pero que en 2025 aún se aferró a la idea de que el 7 de febrero de 2026 podría marcar el amanecer tras una noche oscura de cuarenta años.

A esto se suma la diáspora, llamada a cargar con el peso de las inconsistencias internas, entre el apoyo a distancia, el exilio forzado y la lealtad a un país cuya refundación no deja de esperar.

Y ocurra lo que ocurra, las generaciones futuras heredarán estas decisiones aplazadas, estas renuncias acumuladas y un contrato social todavía en suspenso. Al posponer indefinidamente el contrato social, es la confianza misma la que se erosiona.

Un país no puede sobrevivir indefinidamente entre una Constitución eludida y acuerdos nunca respetados sin romper el vínculo que une al Estado con su pueblo. La cuestión, entonces, supera el momento presente y a sus actores. Es histórica, moral y colectiva.

Después de cuarenta años de espera, rupturas y promesas postergadas, ¿puede el 7 de febrero ser algo más que una fecha en el calendario político? ¿Puede convertirse finalmente en el momento en que un acuerdo político responsable e histórico conciba un contrato social verdaderamente compartido, asumido y vivido?

Chantal Volcy Céant
26 de enero de 2026