Washington, 20 de abril de 2026 – El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, declaró este lunes que invocará la Rule 14 para inscribir directamente en el calendario del Senado un proyecto de ley destinado a extender el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos haitianos hasta abril de 2029.
En un mensaje publicado en X (anteriormente Twitter), el senador por Nueva York justificó esta iniciativa al señalar que «Nueva York alberga una de las mayores comunidades haitiano-estadounidenses del país» y que la administración del presidente Donald Trump intenta devolver por la fuerza a estas personas a «las peligrosas condiciones que huyeron en Haití». Asimismo, acusó al mandatario de haber ordenado a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, retirar «ilegalmente» el TPS, pese a la persistente violencia e inestabilidad en el país caribeño.
Contexto del TPS para Haití
El TPS para Haití fue instaurado tras el devastador terremoto de enero de 2010. Actualmente, protege a aproximadamente 350 000 personas que residen y trabajan legalmente en Estados Unidos, particularmente en sectores esenciales como la salud, los servicios y las pequeñas empresas.
La administración Trump anunció en noviembre de 2025 la terminación del programa, efectiva el 3 de febrero de 2026, argumentando que Haití ya no presentaba «condiciones extraordinarias y temporales» que justificaran su extensión, y que su mantenimiento no respondía al interés nacional. Sin embargo, en febrero de 2026, una jueza federal del distrito de Columbia, Ana Reyes, bloqueó temporalmente esta decisión, al considerar que la medida podría estar motivada, en parte, por una «hostilidad hacia los inmigrantes no blancos» y que la secretaria Noem no cumplió adecuadamente con los procedimientos legales, incluyendo la consulta interinstitucional y la evaluación de las condiciones sobre el terreno.
El caso podría ser examinado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en las próximas semanas.
Votación bipartidista en la Cámara de Representantes
La semana pasada, el 16 de abril de 2026, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó, por 224 votos contra 204, el proyecto de ley H.R. 1689, patrocinado por la congresista Laura Gillen. La iniciativa, impulsada mediante una petición de descarga bipartidista liderada por Ayanna Pressley, extiende el TPS para Haití por tres años adicionales, hasta abril de 2029.
Diez republicanos se unieron a los demócratas para respaldar la medida, entre ellos María Elvira Salazar, Carlos Gimenez, Mario Diaz-Balart, Don Bacon, Brian Fitzpatrick, Mike Lawler y Nicole Malliotakis, entre otros.
Este voto, poco común, constituye un revés político para la administración Trump, que ya ha advertido que vetará el proyecto si llega a la Casa Blanca.
Próxima etapa: el Senado
Al invocar la Rule 14, Schumer permite que el proyecto de ley sea colocado directamente en el calendario del Senado de los Estados Unidos sin pasar por comisión, con el objetivo de acelerar su consideración. No obstante, la mayoría republicana en la cámara alta representa un obstáculo significativo. Incluso si el texto fuera aprobado, un eventual veto presidencial requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para ser anulado, un umbral difícil de alcanzar.
Reacciones y desafíos
Los defensores del TPS destacan la contribución económica de los beneficiarios haitianos y la persistente crisis humanitaria en Haití, marcada por la violencia de las pandillas y el desplazamiento de más de un millón de personas. Por su parte, los opositores subrayan que el TPS es, por definición, una medida temporal que ha sido prorrogada en múltiples ocasiones durante los últimos 16 años. Algunos sostienen que los haitianos deberían contribuir a la reconstrucción de su país en lugar de permanecer indefinidamente en territorio estadounidense.
La comunidad haitiana tiene una presencia significativa en estados como Nueva York, Florida y Massachusetts, lo que explica, en parte, el respaldo bipartidista en ciertos distritos. En consecuencia, este expediente sigue siendo altamente político, enfrentando un enfoque humanitario y económico con una política migratoria más restrictiva promovida por la administración Trump. La decisión final dependerá tanto del Senado como del desenlace de los procesos judiciales en curso.
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